El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) emite un pronunciamiento firme y categórico, en estricto apego a los principios de transparencia, ética y rectitud que rigen a nuestra institución policial, para informar a la colectividad sobre las medidas contundentes tomadas ante un grave hecho de desviación policial.
A raíz de los recientes eventos sísmicos que afectaron al estado La Guaira, se constató que un grupo de funcionarios, desviándose flagrantemente de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros.
Esta conducta individual, reprobable y totalmente contraria a los valores fundamentales de nuestra doctrina, atenta de manera directa contra el prestigio institucional y el profundo respeto que se le debe a la ciudadanía, especialmente en momentos de vulnerabilidad.
En consecuencia, el Consejo Directivo de esta institución ha adoptado de manera inmediata las siguientes acciones penales y administrativas:
Se procedió a la separación definitiva e irrevocable de sus cargos de todos los funcionarios involucrados, dando inicio a la averiguación disciplinaria correspondiente para su destitución inmediata
Comisiones de la División de Investigaciones de Delitos en la Función Pública del CICPC ejecutaron la detención de los ciudadanos: Maya Aguilar Reyes, Fredy Rafael Lugo Oliveros, Roger Andrés Omaña y Josué Jhonatan Burgos Sánchez
Los referidos ciudadanos han sido puestos a la orden de la Fiscalía 68 Nacional con Competencia en Materia de Delitos Contra la Corrupción del Ministerio Público, órgano que se encargará de ejercer las acciones penales respectivas.
El CICPC reitera ante el país su compromiso inquebrantable con la justicia y la depuración interna. No se tolerarán, bajo ninguna circunstancia, actuaciones que vulneren la ley, la ética policial y la confianza del pueblo venezolano.
La crisis moral ante la tragedia
La verdadera catástrofe que hoy golpea los cimientos de Venezuela no se mide únicamente en la magnitud de los sismos, el colapso de las infraestructuras o el rigor de la naturaleza; la tragedia más profunda y dolorosa es la degradación moral de quienes, llamados a ser escudo y auxilio del desamparado, eligen convertirse en sus depredadores.
Que un funcionario público, investido de autoridad y en medio del dolor humano, aproveche el escenario de la muerte y las ruinas para saciar la codicia personal, o el espacio político es un síntoma alarmante de una descomposición social que debemos extirpar de raíz. No podemos permitir que la indolencia y la miseria humana se normalicen sobre los escombros de nuestro país.
La reconstrucción de Venezuela no empezará por levantar paredes, sino por rescatar la dignidad, la empatía y la reserva moral de sus instituciones y de sus ciudadanos, eso se logrará a la par del rescate de nuestro sistema educativo. La justicia debe ser implacable, no solo como castigo, sino como un recordatorio urgente de que, en las horas más oscuras, lo único que nos salvará como sociedad es aferrarnos con firmeza a la decencia y a la humanidad. (Jlsa CNP N° 23957)