Bajo la consigna “Excarcelados, pero no libres”, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alzó su voz este miércoles para denunciar la persistente situación de vulnerabilidad que enfrentan seis profesionales de la comunicación en el país. A pesar de no encontrarse tras las rejas, sobre ellos pesan procesos judiciales y medidas restrictivas que limitan su integridad personal y profesional.
Los periodistas Luis López, Gabriel González, Rory Branker, Jonathan Carrillo, Carlos Julio Rojas y Carlos Correa continúan sometidos a un esquema de control judicial que incluye régimen de presentación periódica ante los tribunales y la prohibición de salida del país. Estas medidas, según el gremio, actúan como un mecanismo de censura indirecta y mantienen bajo amenaza constante el ejercicio del periodismo.
Justicia a medias y criminalización
El SNTP advierte que el mantenimiento de estos procesos sin sentencia definitiva constituye una forma de persecución que busca silenciar las voces críticas y amedrentar al resto del gremio. La situación de estos seis comunicadores es reflejo de una política de judicialización de la información, donde el reporte de la realidad nacional se traduce en expedientes penales.
«La libertad no es plena si se tiene que acudir a un tribunal cada 30 días o si se tiene prohibido cruzar las fronteras por el solo hecho de informar. Estas medidas son una espada de Damocles sobre la cabeza de cada periodista», señalaron representantes del sindicato.
Exigencias gremiales
Ante este escenario, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa emitió un petitorio formal a las autoridades competentes, fundamentado en los derechos constitucionales y los tratados internacionales de libertad de expresión donde exigen el cese inmediato de los procesos judiciales que carecen de fundamento jurídico sólido, anular las restricciones de movilidad y los regímenes de presentación que afectan la vida cotidiana de los comunicadores y asegurar que ningún trabajador de la prensa sea perseguido, criminalizado o judicializado por el cumplimiento de su labor informativa.
La organización gremial reiteró que el periodismo no es un delito y que la democracia requiere de profesionales que puedan investigar y difundir información sin el temor de ser víctimas de un sistema judicial instrumentalizado para la persecución política. (Jlsa CNP N° 23957)
