Por: Pedro J. Fernández R.
Sin la jornada electoral del 28 de julio de 2024, no existiría el escenario político que permite la negociación del 1 de agosto. La determinación demostrada por millones de venezolanos en las urnas y el posterior resguardo de las actas definieron el tablero actual y fijaron la única ruta legítima para la negociación institucional que inicia en pocos días. La comisión de negociación del 1 de agosto contará con el apoyo ciudadano en la medida en que represente sus intereses y exija respeto a su mandato.
A dos años de la elección más importante de nuestra historia contemporánea, conviene recordar que aquel 28 de julio marcó un punto de no retorno. La organización cívica para proteger cada acta demostró una voluntad inalterable de cambio y de transición ordenada hacia la democracia. La movilización pacífica de ese día reconfiguró el panorama nacional y dejó un hecho incuestionable para la comunidad internacional: Venezuela exige el respeto absoluto a su decisión soberana.
El contexto presente es consecuencia directa de un proceso que tomó impulso con la elección primaria del 22 de octubre de 2023 y se consolidó el 28 de julio de 2024. Sin la firmeza desplegada en las urnas, no habrían sido posibles los acontecimientos posteriores, incluidos los del 3 de enero. Hoy no existiría el espacio de conversación pautado para el 1 de agosto sin esa secuencia de eventos. Intentar desvincular este diálogo de su origen electoral y ciudadano es un error de diagnóstico profundo.
La decisión mayoritaria trazó una ruta clara: Venezuela quiere una transición pacífica, ordenada e institucional. La representación formal en esta nueva mesa de negociación recae sobre la Asamblea Nacional de 2015, encabezada por Dinorah Figuera, un espacio legítimo que asume la responsabilidad técnica de la interlocución. Sin embargo, esta delegación no sustituye ni diluye la conducción política de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Su liderazgo no depende de la presencia física en una mesa de negociación, sino del mandato directo y legítimo otorgado por la ciudadanía. Por ello, la agenda que sostenga la representación opositora frente a la administración no electa encabezada por Delcy Rodríguez debe responder de manera estricta a las demandas de fondo, rechazando pactos parciales que solo sirvan para dilatar el cambio, y recordando en todo momento cuál es el mandato ciudadano y a quiénes les fue otorgado.
Un proceso de diálogo cobra sentido únicamente si funciona como un instrumento útil para el país y si vela de forma exclusiva por los intereses de los venezolanos. La validez de cualquier espacio de conversación reside en su apego a la voluntad expresada el 28 de julio y en su capacidad real para ofrecer respuestas concretas. El objetivo prioritario en esta etapa debe ser la reconstrucción de las instituciones republicanas, el restablecimiento del Estado de derecho sobre bases firmes y la apertura de un horizonte de estabilidad económica y bienestar para la familia venezolana.
La gesta cívica de 2024 se mantiene como la fuente principal de orientación estratégica. Las conversaciones que inician este 1 de agosto tienen el compromiso histórico de plasmar esa determinación en acuerdos viables que permitan la gobernabilidad democrática. Honrar la decisión manifestada en las urnas es la única vía para consolidar una república donde la soberanía resida efectivamente en la ciudadanía y las instituciones actúen con transparencia al servicio de toda la nación.