Rector de la ULA presentó balance de crisis y logros durante 2022

 Mario Bonucci, rector de la Universidad de Los Andes (ULA), ofreció una rueda de prensa este lunes 9 de enero junto a los directores de las dependencias centrales de esta institución para dar a conocer las cifras que marcaron el 2022. El Rector hizo énfasis en la creciente falta de presupuesto y la centralización que el régimen de Nicolás Maduro amplía en el sector universitario para controlarlo y restar autonomía.

Desde 2005 las autoridades de las universidades autónomas de Venezuela denuncian reducciones presupuestarias por parte del gobierno nacional, así como intervenciones que violan la autonomía financiera universitaria hasta casi desaparecerla. Bonucci denunció que, hasta diciembre de 2022, la ULA solo recibió el 3,21% de los recursos asignados por el Ministerio de Educación Universitaria para ese año, cuya totalidad es de por sí insuficiente.

“Nos asignaron 23,4 millones de bolívares, que es equivalente a 1,3 millones de dólares, y recibimos apenas 754.096 bolívares, unos 42.222 dólares. Se está manteniendo la postura de no enviar recursos y se mantiene la distorsión. Si analizamos el presupuesto asignado, el 83 % se va en nómina”, dijo Bonucci, quien resaltó que ninguna universidad autónoma del país pudo consignar ante la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) su Plan Operativo Anual (POA), debido a la imposición de lineamientos por parte del Ministerio de Educación Universitaria para la presentación de proyectos socio-productivos.

El Rector dio las cifras anuales de 2022 en materia de sueldos y salarios de profesores y trabajadores universitarios, situación de la seguridad social, matrícula estudiantil, derechos de los estudiantes, producción científica e investigación académica, educación virtual, actividades culturales y de extensión, así como sobre la labor del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA (ODH-ULA).

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Sueldos devaluados y seguridad social inexistente

Bonucci reiteró la precariedad salarial que viven desde hace años los profesores y trabajadores universitarios, cuyos pagos de nómina no hace la universidad desde marzo de 2021, sino directamente el gobierno nacional a través del sistema patria. La centralización de los pagos de sueldos y salarios universitarios, que el Rector de la ULA llama “secuestro de nóminas”, no solo viola la autonomía económica y financiera establecida en la Ley de Universidades, sino que ha generado irregularidades en los pagos por concepto de retroactivos, entre otras, denunció el Rector.

“Un profesor titular gana 575 bolívares. En diciembre era igual a 32,9 dólares, equivalente a 1,09 dólares diarios, menor a 1,9 dólares, que es lo que establece el Banco Mundial. Quien gane menos de eso, está en pobreza extrema o indigencia”, señaló Bonucci. “Un instructor en mayo ganaba 69 dólares, y ahora gana 22 dólares. Un personal administrativo de apoyo, nivel 1, pasó de 34 a 9,35 dólares, y un obrero grado 1 pasó de 28,26 a 7,4 dólares”, precisó el Rector.

Sobre los programas de protección social que ofrecía la ULA, Bonucci denunció que desde que el régimen de Maduro centralizó las nóminas universitarias en el sistema patria, los profesores y trabajadores dejaron de recibir sus debidos beneficios por concepto de las retenciones que continúa haciendo el gobierno para fondo de jubilaciones, seguro social, vivienda, caja de ahorros, Impuesto Sobre la Renta (ISLR), servicios de salud, entre otros.

“A cada universitario le descuentan en el sistema patria, pero a la universidad no le llegan los recursos. La irregularidad se presenta desde septiembre de 2021. A enero de 2022 nos debían 161.285 dólares del 2021 que, por la devaluación, se transformaron en 51.364 dólares para diciembre de ese mismo año. Nos deben además todo el 2022. De 17 millones de bolívares han enviado solo 312.000 Bs. A la tasa del BCV, actualmente nos deben 1.181.511 dólares”, dijo Bonucci.

A excepción del Instituto de Previsión del Profesorado (IPP-ULA), que se mantiene activo por el aporte en dólares que hace cada profesor por ingresos extra que recibe, todos los programas de seguridad social de la ULA se han cerrado. En 2022 desapareció el programa de cobertura para hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) que ofrecía la Oficina de Seguros de la Universidad de Los Andes (Ofiseula), del cual se beneficiaban tanto profesores como trabajadores.

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Derechos estudiantiles eliminados por el régimen

El Rector Bonucci también se refirió a las consecuencias de la asfixia presupuestaria sobre los estudiantes de la ULA, cuya deserción, causada principalmente por la Emergencia Humanitaria Compleja que vive Venezuela, también aumenta. Actualmente la ULA tiene 26.200 estudiantes activos, 45 % menos de los 48.000 que llegó a tener hace una década.

Los estudiantes de la ULA no cuentan con los beneficios que tenían antes de la crisis causada por las malas políticas gubernamentales. En cuanto a las becas estudiantiles, el régimen dejó de enviar el presupuesto correspondiente a la Dirección de Asuntos Estudiantiles (DAES-ULA) en abril 2019. En junio del año siguiente el gobierno comenzó a acreditar los montos de dichas becas a través del monedero patria, dejando por fuera a los estudiantes que no están inscritos en el politizado sistema patria. Para abril de 2022, el monto de la beca estudiantil era de apenas 1,35 dólares mensuales.

 “En materia estudiantil se mantiene la desaparición de todas las conquistas. No hay pasaje preferencial, desde 2018 no tenemos comedor, no tenemos transporte”, dijo Bonucci en referencia a la inexistencia actual de los derechos conquistados por movimientos estudiantiles durante la segunda mitad del siglo XX.

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Logros pese a la crisis

Pese a la falta de presupuesto que vive la ULA, el Rector mostró algunos de los logros obtenidos por las dependencias centrales de esta universidad durante 2022. Destacó que una muestra de que la calidad de la educación se mantiene fue la obtención del Premio Estudiante de Ciencia 2022, otorgado por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) de Venezuela a Luis Ángel Niño Barreat, estudiante de Biología en la ULA.

“En el área de investigación, y a pesar de todas las limitaciones presupuestarias, mantuvimos en 91 el número de revistas científicas (arbitradas e indexadas). De ellas tenemos 16 en Scopus y Web of Sciencie (revistas de alto impacto). Así mismo, el Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA-ULA) convocó al programa Apoyo Directo a Grupos de Investigación (ADG) y calificaron 82 grupos de investigación”, refirió Bonucci.

A través de la Dirección de Cultura se llevaron a cabo 109 actividades de formación: 21 charlas y conferencias, 4 cursos, 80 talleres, 2 seminarios nacionales y 2 internacionales. 21 de esas actividades fueron realizadas en espacios universitarios y 88 en espacios de comunidades de Mérida. Asimismo, se ejecutaron 380 actividades artísticas a través de los distintos programas que administra esta Dirección.

En cuanto a formación profesional, el Rector indicó que durante 2022 se graduaron 2.200 profesionales de la ULA, entre carreras de pregrado y estudios de postgrado. “En el 2019 graduamos cerca de 6.000 personas, en el 2020 cerca de 1.000 y en el 2021 a 2.518”, recordó. Bonucci destacó el crecimiento de la educación virtual en esta universidad durante y después de la pandemia por COVID-19, a través del campus y los cursos que administra la Coordinación de Estudios Interactivos a Distancia (CEIDIS-ULA).

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Labor del ODH-ULA

Dentro de los logros alcanzados por las principales dependencias de la ULA, Bonucci señaló los obtenidos por el Observatorio de Derechos Humanos (ODH-ULA), creado en 2014 y único en su tipo en Venezuela. Mayda Hočevar, directora del ODH-ULA, acompañó al Rector en la rueda de prensa, junto a otros directores de entes adscritos al Rectorado.

Durante 2022 el ODH-ULA elaboró y publicó 32 informes sobre la situación de la educación superior en Venezuela, la ciencia, la investigación académica y los derechos humanos en la región andina del país. Estos informes incluyen 12 reportes mensuales sobre la situación de las universidades venezolanas. Asimismo, y pese a la pandemia, se dictó un diplomado en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) en el que participaron más de 190 estudiantes de distintas partes del mundo.

El equipo legal del ODH-ULA dictó tres talleres dirigidos a jueces, fiscales y otros funcionarios públicos del estado Mérida, mientras que el equipo de investigación realizó dos seminarios web, uno de ellos para visibilizar la situación de la ciencia en Venezuela. En cuanto a actividades socioculturales, este observatorio realizó nueve en distintas comunidades vulnerables de Mérida, beneficiando a 327 personas. El equipo de abogados del ODH-ULA mantuvo su asistencia gratuita a víctimas de violaciones de derechos humanos y presentó denuncias ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo en Mérida y en Caracas.

Bonucci destacó la incidencia que hizo el ODH-ULA con sus contribuciones al Tercer Ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) de Naciones Unidas sobre Venezuela, realizado en enero de 2022. Estos aportes, junto a los hechos por otras organizaciones, lograron que 14 países hicieran recomendaciones al gobierno venezolano sobre derecho igualitario a la educación de calidad en todos los niveles, autonomía universitaria, libertad académica y derechos laborales de los docentes. (Fuente: Equipo de Prensa Observatorio de Derechos Humanos Universidad de Los Andes. Mérida – VE)