El 6 de julio de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Venezuela relativo a la violación de los derechos políticos del alcalde Omar Lares y a la privación ilegal de la libertad y tortura de su hijo, Juan Pedro Lares Rángel.
El 30 de julio de 2017, en el marco de la violencia política en el estado Mérida durante las protestas sociales de 2017, Juan Pedro Lares fue detenido arbitrariamente por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes ingresaron violentamente a su residencia familiar con la finalidad de arrestar a su padre, Omar Lares, ex-alcalde del Municipio Campo Elías de la ciudad de Mérida.
Su detención fue seguida de un interrogatorio violento con amenazas de muerte. Posteriormente, fue trasladado a la sede del SEBIN en Caracas, sin ser presentado ante un juez.
La familia Lares denunció los hechos concernientes a la detención de su hijo ante el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, pero ninguno de estos órganos intervino para investigar los hechos. Fue liberado un año después, el 1 de junio de 2018.
La ONG Defiende Venezuela, llevó el caso ante organismos internacionales de protección en la búsqueda de justicia. La CIDH, en su informe de fondo, concluyó que el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal y la libertad personal. Asimismo, señaló que estos hechos constituyeron una desaparición forzada, teniendo en cuenta que la detención fue llevada a cabo por agentes estatales de forma ilegal y arbitraria, sin incluir su nombre en el listado de detenidos y ocultando su paradero.
En cuanto a los derechos de la familia, determinó que el Estado violó el derecho a la inviolabilidad del domicilio tras el ingreso sin autorización a la vivienda familiar, y violó la integridad personal de familiares, ocasionándoles dolor, angustia e incertidumbre.
Por último, el Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial, pues no se cuenta con información sobre respuestas, resultados o avances de las investigaciones por parte de las autoridades, ni se inició una investigación sobre las denuncias de tortura.
La ONG Defiende Venezuela celebró que el caso fuese remitido a la Corte IDH, ya que esto constituye un patrón de persecución a los dirigentes políticos opositores y sus familiares. Asimismo, exige que las recomendaciones emitidas por la CIDH sean ejecutadas por el Estado y se haga justicia. (Prensa: Defiende Venezuela /)
