Por: Jorge Luis Sulbarán Algara/Periodista CNP 23957/ Docente y Gremialista.
La celebración del Secretariado Nacional del Colegio Nacional de Periodistas (CNP) en el estado Mérida es, sin duda, un evento oportuno y necesario en la superficie. La denuncia hecha en El Vigía por la presidenta (e) nacional de la institución, Del Valle Calderón, no carece de base real: el panorama de persecución, judicialización de periodistas y el férreo cerco a la libertad de expresión en Venezuela durante las últimas casi tres décadas es una verdad inocultable. Que hoy existan comunicadores arrastrando medidas cautelares o que se criminalice el simple acto de informar es una aberración institucional que desangra cualquier pretensión democrática.
Sin embargo, para exigir democracia, justicia y el cumplimiento de la ley hacia afuera, el periodismo venezolano debe mirarse primero frente al espejo. Hay una premisa básica que este Secretariado parece ignorar o engavetar deliberadamente: la coherencia. El ejemplo, si se quiere rescatar la institucionalidad del país, debe empezar por casa.
Es una contradicción flagrante que la directiva del CNP alce la voz denunciando que «si no hay libertad de expresión, no existe libertad política ni democracia», mientras las estructuras internas del propio colegio profesional padecen una alarmante parálisis democrática. Las 26 seccionales del país y la junta directiva nacional arrastran un retraso crónico en la renovación de sus autoridades. Quienes hoy dirigen el gremio se han mimetizado con los vicios que critican en el plano público, perpetuándose en sus cargos y convirtiéndose en figuras eternas que bloquean el relevo generacional y la necesaria oxigenación institucional.
El libre ejercicio del periodismo y la defensa de los derechos humanos no pueden ser banderas alzadas por liderazgos que ya no representan la voluntad actual de las bases, sino que permanecen allí por inercia o, peor aún, mediante designaciones «a dedo» que traicionan el espíritu democrático del gremio. ¿Con qué solvencia moral se le exige al poder político el cumplimiento de la Constitución y el respeto al derecho de asociación, cuando dentro del CNP se conculca el derecho al voto y a la participación de miles de agremiados que exigen elecciones internas legítimas?
Rendir tributo a figuras históricas de la lucha gremial, como el fallecido secretario general del CNP-Mérida, Alfredo Aguilar, no consiste en repetir discursos nostálgicos en un evento cerrado. El mejor homenaje a quienes dedicaron décadas a la defensa del periodismo es mantener vivas y sanas las instituciones que construyeron. Y un colegio profesional secuestrado por la permanencia indefinida de sus cúpulas no es una institución sana; es una estructura debilitada, incapaz de aglutinar con fuerza real la resistencia que el momento histórico exige.
Mérida es hoy el escenario para debatir sobre la censura externa, pero también debe ser el espacio de la autocrítica implacable. Los periodistas venezolanos no pueden seguir guardando silencio ante el secuestro de sus propios espacios de participación. La lucha por la libertad de expresión es inseparable de la lucha por la democracia interna. El CNP deber convocar, sin más dilaciones ni excusas burocráticas, a un proceso electoral transparente para renovar todas sus seccionales y su directiva nacional. Mientras las autoridades gremiales sigan atornilladas en sus puestos de espaldas al voto de los agremiados, sus reclamos de libertad hacia el exterior seguirán careciendo de la fuerza moral que solo otorga la legitimidad de origen. La verdad se defiende con el ejemplo.