MÉRIDA, VENEZUELA – El sistema de justicia regional ha asestado un duro golpe a la esperanza de libertad de dos trabajadores del campo merideño. Este 04 de marzo de 2026, los ciudadanos Edubin y Pablo Montilva, originarios del municipio Guaraque, recibieron la notificación oficial de que su solicitud de Amnistía y Libertad Plena ha sido negada.
Los hermanos Montilva, conocidos en su comunidad por su dedicación a la agricultura, permanecen privados de su libertad desde el pasado 5 de enero de 2026. Tras dos meses de incertidumbre, el traslado al Circuito Judicial de Mérida terminó en una ratificación de su detención, desestimando los argumentos presentados por su defensa.
Sin fundamentos sólidos para la detención
La petición de libertad fue interpuesta por el abogado Franklin Márquez, en representación de la ONG Foro Penal, bajo la premisa de que no existen elementos de convicción ni fundamentos sólidos que justifiquen la medida de privación de libertad que pesa sobre los agricultores.
«La justicia que tarda no es justicia, y la que se niega arbitrariamente se convierte en persecución», señalaron defensores de derechos humanos tras conocerse el fallo.
Una comunidad en vilo
La detención de Edubin y Pablo ha generado una ola de indignación en el pueblo de Guaraque. Familiares y vecinos denuncian el proceso como injusto, destacando que:
- Son hombres de trabajo dedicados exclusivamente a la producción agrícola.
- Su detención se produjo en un contexto que la defensa califica de irregular.
- La negativa del tribunal afecta la estabilidad de familias que dependen del sustento de estos trabajadores.
Compromiso con la defensa de DDHH
Ante este revés judicial, las plataformas de defensa de derechos humanos y la representación de Foro Penal en la región andina han manifestado que no cesarán en su labor. El compromiso se mantiene firme en alzar la voz por el debido proceso y exigir que la justicia venezolana actúe bajo criterios de objetividad y no de criminalización al sector campesino.
El caso de los «Guaraqueros» se suma a la lista de expedientes que organizaciones civiles monitorean de cerca en el estado Mérida, denunciando lo que consideran un uso desproporcionado del sistema judicial contra ciudadanos comunes. (Jlsa CNP N° 23957)