Bajo la premisa de que la justicia tardía no es justicia, el doctor Pedro Fernández, médico y recientemente excarcelado del centro penitenciario Yare II, ha emitido un urgente clamor humanitario ante la Asamblea Nacional. El documento advierte que los retrasos administrativos en la aplicación de la Ley de Amnistía están poniendo en riesgo irreversible la vida de ciudadanos detenidos por motivos políticos que padecen enfermedades graves.
La comunicación formal fue dirigida al diputado Jorge Arreaza, presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía, con el objetivo de denunciar que la burocracia estatal está actuando como una sentencia de muerte silenciosa para quienes ya deberían estar en libertad.
Un sistema que ignora la urgencia médica
Fernández, quien todavía espera el sobreseimiento definitivo de su propia causa, denunció que el sistema penitenciario actual es incapaz de garantizar la atención necesaria para pacientes con patologías crónicas y agudas.
«Un paciente en reclusión no es un número de expediente; es un ser humano cuyo derecho a la vida está siendo vulnerado por la lentitud del Estado», enfatizó el médico.
Según el reporte, numerosos detenidos requieren cirugías urgentes y exámenes especializados que no pueden realizarse tras las rejas, convirtiendo la falta de una boleta de excarcelación en una amenaza directa contra la integridad física.
Exigencias fundamentales
El documento presentado establece tres pilares de acción inmediata para evitar una tragedia mayor:
- Prioridad absoluta: Otorgamiento de libertad inmediata a detenidos con condiciones médicas críticas debidamente comprobadas.
- Cese de la burocracia: Eliminación de las llamadas «alcabalas burocráticas» que frenan la emisión y ejecución de las boletas de excarcelación.
- Humanización judicial: Una reforma en el trato procesal que priorice la vida por encima de las trabas administrativas.
Finalmente, Pedro Fernández vinculó la resolución de esta crisis humanitaria con el futuro político del país, afirmando que no puede consolidarse un verdadero proceso de paz si se permite que la salud de los venezolanos se extinga en los centros de reclusión.
Familiares y defensores de derechos humanos aguardan ahora una respuesta de la Asamblea Nacional que esté a la altura de la emergencia reportada, esperando que la voluntad política se imponga sobre el letargo administrativo. (Jlsa CNP N° 23957)