LIMA, Perú – En un hecho sin precedentes que ha sumido a la nación en una nueva crisis institucional, el Poder Judicial de Perú notificó este viernes 20 de febrero de 2026 la citación a juicio oral contra el recién juramentado presidente interino, José María Balcázar Zelada. La medida ocurre cuando el mandatario no ha cumplido siquiera sus primeras 24 horas en el cargo.
Balcázar, quien asumió la jefatura de Estado de forma transitoria tras una convulsa sucesión constitucional, enfrenta cargos por el presunto delito de apropiación ilícita, derivado de su gestión pasada como decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque (ICAL).
Un juicio bajo amenaza de arresto
La resolución judicial subraya el carácter obligatorio e inaplazable de la comparecencia. Según fuentes del sistema de justicia, el tribunal ha advertido que, de no presentarse a las audiencias programadas, el jefe de Estado será declarado en rebeldía (reo contumaz).
Esta declaratoria facultaría a las fuerzas de seguridad para emitir una orden de captura inmediata, lo que desataría un escenario inédito en la historia republicana del Perú: la detención de un presidente en ejercicio por delitos comunes previos a su mandato.
Claves del proceso judicial:
- El cargo: Apropiación ilícita de fondos institucionales por un monto que supera los 340,000 soles.
- La sede: El juicio está radicado en Chiclayo, aunque se contempla la posibilidad de audiencias virtuales dada la investidura del procesado.
- La sanción: El Ministerio Público solicita una pena de prisión suspendida y una reparación económica sustancial.
Reacciones y futuro político
El anuncio ha generado un estado de máxima tensión en el Congreso y las calles de Lima. Sectores de la oposición exigen la renuncia inmediata para evitar que la investidura presidencial se vea manchada por un proceso penal, mientras que el entorno de Balcázar denuncia una «persecución judicial» para desestabilizar el periodo de transición hacia las próximas elecciones.
«Perú no puede permitirse un presidente que gobierne desde el banquillo de los acusados o, peor aún, bajo la sombra de una orden de arresto», señalaron analistas políticos locales.
El país queda a la espera de un pronunciamiento oficial por parte del Ejecutivo, mientras la comunidad internacional observa con cautela la fragilidad democrática de la nación andina. (Jlsa CNP N° 23957)